Justicia que tarda, no es justicia.

En la provincia de Santa Cruz, la frase del titulo dejó de ser un aforismo para convertirse en una realidad cotidiana que padecen centenares de ciudadanos.

La Justicia santacruceña arrastraba problemas estructurales de larga data: escasa cantidad de juzgados para la extensión territorial, juzgados sin jueces, déficit crónico de personal, y una organización interna que no siempre ha priorizado la celeridad procesal que los justiciables merecen. El resultado es previsible: expedientes atrasados, plazos que se incumplen sistemáticamente, y ciudadanos que deben esperar meses para obtener una resolución sobre asuntos que afectan su vida, su familia o su patrimonio.

A este escenario ya deteriorado se le suma hoy una nueva crisis: las medidas de fuerza llevadas a cabo por el personal judicial en reclamo de sus correspondientes aumentos salariales. Las consecuencias son inmediatas y concretas. El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC) debió presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia para trasladar las quejas de abogados matriculados, señalando la existencia de juzgados y defensorías sin atención a los letrados ni a los justiciables, alertando sobre la suspensión de audiencias y situaciones que ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos santacruceños.

El acceso a la justicia no debe tratarse como un mero tramite administrativo, es el derecho fundamental de todo ciudadano a ser oído y obtener la reparación que no encontró por ninguna otra vía.

Esto no se trata de un reclamo de abogados o una vivencia que solo afecta a estos profesionales, se trata de derechos fundamentales de los ciudadanos que el Estado provincial tiene la obligación de garantizar, independientemente de los conflictos internos de sus propios organismos.

La Justicia no puede ser rehén de ninguna crisis. Porque una justicia que llega tarde, sencillamente, no es justa.